Un viernes más y nuestro
Sistema Nacional de Salud se unió a tantos otros servicios sociales que han
sufrido recortes. El gobierno se escuda en la “mala gestión y la ineficiencia”
del sistema para llevar a cabo esta reforma. Una modificación que conlleva, a
pesar de seguir hablando de sanidad “universal”, la expulsión de la cobertura
sanitaria de los colectivos ciudadanos que no puedan acreditar su “condición de
asegurado”. Estos colectivos son principalmente
los migrantes en situación irregular, los estudiantes mayores de 26 años
que no hayan accedido a su primer empleo, las amas de casa separadas que
anteriormente dependían de su marido, los trabajadores discontinuos, aquellos
que retornen de trabajos en el exterior del país y los colectivos marginados
que sobreviven en la economía sumergida. También todas aquellas personas que
atendiendo a otra situación no estén cotizando y no puedan demostrar su
condición de “pobres”, que en última instancia es uno de los términos
fundamentales que la nueva reforma introduce para poder acceder a la tarjeta sanitaria.
Sólo en el colectivo de migrantes en situación irregular se estima un mínimo de
460 mil personas afectadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Para Luis Andrés López Fernández, profesor de la Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP), la reforma es una vuelta al pasado: “Con la excusa, porque es
una excusa, de que hay que hacer políticas de austeridad se saca el Real
Decreto Ley que cambia las normas. Se pasa de un sistema de cobertura universal
pagado por impuestos, a un sistema que vuelve a plantear colectivos de
aseguramiento. Se cubrirá a determinados colectivos si se dan determinadas
condiciones. Los que no las cumplan tendrán que recurrir a un seguro pagado
para poder acceder al sistema”.
“Tenemos
uno de los sistemas de salud más eficientes (capacidad de respuesta para el
mantenimiento de los niveles de salud con relación a los costes destinados a
ello) y que supone uno de los menores gastos respecto al PIB entre los países
desarrollados. Contamos con colectivos profesionales de la medicina, enfermería
y otros, altamente cualificados, con una de las carteras de servicios más
amplias, de gran calidad y con un buen sistema de garantías de salud pública
colectiva. Nuestro sistema nacional de salud es excelentemente valorado por la ciudadanía
y supone quizás el mayor mecanismo de solidaridad y redistribución que nuestra
sociedad ha desarrollado. Lo pagamos entre todos vía impuestos y todos nos
beneficiamos de las acciones tradicionales de salud pública y de los recursos
asistenciales, que, abiertos a todos, son utilizados fundamentalmente por las
poblaciones que más los requieren: mayores, población materno-infantil (creando
un potente mecanismo de solidaridad intergeneracional) y las personas enfermas
(solidaridad según situación de salud en este caso)”.
Este fragmento del artículo publicado el 17 de abril en El País por López Fernández y J. Ignacio Martínez
describía y defendía el sistema sanitario español antes de la reforma.
Tras la publicación del Real Decreto en
el Boletín Oficial del Estado una semana después el sistema de salud retrocedió
30 años. Con la transición el llamado “seguro social”, vinculado a la
cotización del trabajador , dio paso a un servicio caracterizado por la
atención sanitaria como derecho ciudadano universal a través de un Sistema
Nacional de Salud que incluía tanto a ricos como pobres. Un sistema que el
gobierno actual ve ineficiente y derrochador por lo que se ha hecho obligada la
reforma. En cambio lo que para el ejecutivo del Partido Popular se ve como un mal sistema la Organización
Mundial de la Salud (OMS) lo catalogó como el séptimo mejor del mundo. Para
esta clasificación la OMS atendía a varios índices: el nivel de salud general
de la población, la esperanza de vida, las diferencias de salud entre la
población, la satisfacción de los enfermos frente el sistema y el reparto de la
carga financiera para mantenerlo. Precisamente algunos de estos índices son los
que el gobierno pretende desmantelar con esta nueva reforma y en su
introducción abre la puerta a la proliferación de los hospitales privados y las
aseguradoras. Para López Fernández está claro: “El sistema español es un
sistema de buena calidad, eficaz para mejorar la salud de la gente, y además es
un sistema barato, o sea , mucho más barato que los sistemas basados en una
combinación de seguro y atención privada con sistemas públicos, como son la
mayor parte de los sistemas europeos y el sistema americano, el colmo de la
ineficacia”. Sistema, el de EEUU, que la OMS valoraba en el puesto 37, treinta
posiciones por debajo del español.
Mientras tanto hay
comunidades autónomas que ya tienen mucho camino avanzado en ese sentido.
Castilla-La Mancha por ejemplo, donde en nombre de la eficacia se han
privatizado cuatro hospitales públicos. Una de las empresas más favorecidas con
las privatizaciones es Capio Sanidad. Días después de la publicación de la
reforma, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José
Ignacio Echániz Salgado, declaraba a la Agencia de noticias EFE que el Sistema
Nacional de Salud es eficaz y “empieza a ser eficiente”. Días después de esta
declaración se anunció la privatización
de los cuatro nuevos hospitales previstos para la comunidad, también en favor
de la multinacional Capio en la que trabaja como Subdirectora de Investigación
la Doctora Teresa Echániz Salgado, hermana del consejero.
López Fernández añade:
“Esto es el libro: La Doctrina del Shock, de Naomi Klein. No dejes de
aprovechar una buena crisis para crear un mercado, en este caso de los restos
del estado de bienestar. Quieren crear un mercado de aseguradoras, a costa de
que determinados colectivos tengan dificultades de asistencia”. El profesor de
la EASP concluye: “Yo pienso que lo que discute mucha gente que si es sostenible
depende de lo que estés dispuesto a pagar por él. Para ahorrar 7 mil millones
de euros se hizo el cambio de sistema, con Bankia nos hemos gastado 23 mil
millones y el Fondo Monetario
Internacional dice que van a hacer falta más de
40 mil millones. Depende de lo que se quiere dedicar de dinero a esto el
sistema es sostenible o no, pero en definitiva tenemos un buen sistema y a un
costo razonable. Sólo que se ha cambiado las reglas de juego”. “Por lo menos
que nos dejen el médico, y si insisten en no hacerlo tiene que haber una
respuesta ciudadana organizada de usuarios perjudicados, profesionales,
partidos políticos, sindicatos y el resto de la ciudadanía para hacer una
defensa del sistema público de salud”. Y parece que esa respuesta ya está llegando.
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