(( RetPortajes ))
Junio / 2011
publicado por Yerba
Desde finales de año
en el Parlamento de la República Oriental del Uruguay se escucha un
interesante y animado debate: la despenalización del cultivo del
cannabis. El segundo país más pequeño en cuanto a territorio de
toda América del sur se prepara para dar uno de los pasos más
grandes de todo el mundo en cuanto a libertades personales. Tras un
año pasado con intentos fallidos en el continente de legalización,
la llamada “Suiza de América” abandera un nuevo intento de
legalización en el continente y uno de los pasos principales para
erradicar el crecimiento de las mafias del narcotráfico dentro del
mismo. En el mes de mayo de 2011 comenzaron los debates dentro de la
cámara del poder legislativo con intención de que las distintas
mociones prosperaran y llevaran a Uruguay a añadir una nueva
conquista social entre las muchas que ya ostenta. Fue uno de los
primeros países en instaurar el sufragio femenino y la segunda
nación del mundo en establecer por ley un sistema educativo
gratuito, obligatorio y laico.
Actualmente la ley no
castiga el consumo pero sí la venta y la producción de la
marihuana, una contradicción legal que afecta, según un informe de
la Junta nacional de drogas del año 2007, a los 200 mil uruguayos
que afirman haber experimentado con el cannabis, el 12 por ciento de
la población total del país. A principios de este año más de 350
personas estaban encarceladas por haber sido sorprendidas en posesión
de cualquier cantidad de marihuana, y en la inmensa mayoría de los
casos no se consiguió demostrar el interés comercial de esta
posesión. Una realidad injusta que no ha pasado desapercibida para
diferentes parlamentarios de distintos partidos políticos, tanto los
tradicionales de derecha como el partido Nacional (PN) y Colorado
(PC) como el centrista partido Independiente (PI). Desde la llegada
al poder del equipo de gobierno actual, perteneciente a la coalición
de izquierda Frente Amplio (FA), la postura del ejecutivo ha sido
integrar y debatir todas las propuestas presentadas. Esta iniciativa,
que empezó a debatirse en mayo del presente año, no fue una
excepción.
La responsabilidad
política y el debate
A
finales de 2010 el diputado del partido Nacional Luis Lacalle Pou
presentó un proyecto de ley en el Parlamento que despenalizaba el
cultivo y la cosecha de la marihuana destinada a consumo personal.
“En Uruguay la ley de estupefacientes es totalmente
contradictoria”, afirmó el diputado tras presentar la iniciativa.
“Mi generación convivió y convive con las drogas, a diferencia de
la de nuestros padres o abuelos, no es un tema tabú, no lo tomamos
con tanta hipocresía”. “Está comprobado en nuestro país y
mundialmente que cuando ingresa más marihuana baja el consumo de
cocaína y pasta base”, drogas que según el diputado generan
fuerte dependencia y conductas agresivas a diferencia de la
marihuana. Junto a él otros dos diputados del Frente Amplio, Nicolás
Núñez y Sebastián Sabini, presentaron otros dos proyectos que
incluían algunas modificaciones al primero. Fernando Amado, del
derechista partido Colorado, se unió a la iniciativa declarando:
“Estoy para empujar. Siempre tuve una posición tomada en este
tema, y creo que los demás diputados que promueven sus proyectos,
están con un espíritu parecido. Ya es hora de solucionar este
tema”. Al final, una coalición de diputados representando a los
principales partidos con presencia en el Parlamento uruguayo se
reunieron para redactar de forma conjunta la iniciativa para
despenalizar la marihuana. Un ejemplo democrático que sirve como
muestra para justificar por qué en un ranking publicado
recientemente por The Economist Uruguay es el único país plenamente
democrático de América del sur y está entre los 28 primeros a
nivel mundial.
Reformas para acabar con las contradicciones
“Creo como valor primario la libertad, y la libertad individual de hacer lo que mejor parezca, siempre que no se traspase el límite y afecte a los demás”. Así defendió Fernando Amado, diputado del partido Colorado y corredactor de la iniciativa la presentación de la misma. “Es un tema de sentido común. La legislación actual no penaliza el consumo de droga, pero por otra parte penaliza la venta y la producción de la misma. Es un contrasentido. ¿Cómo obtienen la droga los consumidores? O la producen o caen en las redes del narcotráfico”. En base a esta contradicción giró la propuesta de proyecto presentada. El texto que fue enviado finalmente para el debate entre los legisladores permitía la plantación de marihuana para consumo personal “de acuerdo a reglas de sana crítica”. Entendiendo que es para consumo personal la plantación, el cultivo y la cosecha en el hogar de hasta ocho plantas de cannabis. El texto también recogía la posibilidad del cultivo de marihuana en la investigación científica y en la elaboración de productos terapéuticos aunque ambos casos deberían contar con la autorización del Ministerio de Salud Pública. En cuanto a la cantidad destinada al uso personal no podría exceder de los 25 gramos de marihuana. Todo ello con intención de darla a la sociedad civil uruguaya la seguridad jurídica necesaria para saber hasta que punto la tenencia de cannabis es consumo personal o tráfico de estupefacientes. La conclusión reflejada en el texto planteaba que el objetivo era permitir al consumidor plantar su propia marihuana, cosecharla para su consumo sabiendo la calidad de la misma y sin recurrir a redes de narcotráfico controladas por las mafias.
¿Sociedad vs Iglesia?
Por otro lado, en los últimos meses han tenido lugar
posicionamientos de muy diversos grupos sobre el tema. Tras la salida
de la misa del Viernes Santo en la capital del país el mismísimo
arzobispo de Montevideo y portavoz de la Conferencia Episcopal
Uruguaya, Nicolás Cotugno, manifestó que no se opondría a un
proyecto de ley para despenalizar el cultivo de la yerba en el país
si fuese un medio para ayudar a vencer la drogadicción. “Yo no soy
un experto en estas cosas, pero si fuese realmente un medio para
ayudar a vencer la drogadicción, bienvenido sea”. Mucho más
previsible fueron las declaraciones de los organizadores de la Marcha
Mundial de la Marihuana a principios del mes de mayo: “legalizar el
autocultivo de la marihuana en el Uruguay es una necesidad social y
ética”. La marcha que reunió a miles de personas terminó en el
céntrico Parque Rodó, frente a la Casa de Andalucía. “Despenalizar
el cultivo de marihuana para autoconsumo, es el objetivo de nuestros
esfuerzos en la coyuntura actual y en ese sentido es que apoyamos el
proyecto de ley”. Junto a esto los asistentes a la marcha exigieron
la libertad sin cargos de los más de 350 consumidores presos en
cárceles uruguayas, entre ellos, la activista y escritora argentina
Alicia Castilla de 66 años.
El ejemplo y la
injusticia: la “Señora Cannabis”
Las
contradicciones legales existentes en Uruguay, como en tantos otros
países del mundo, han implicado una serie de escandalosas
injusticias, la más significativa la de la llamada “Señora
Cannabis”, la escritora y psicoanalista argentina Alicia Castilla.
Desde su detención en los primeros meses de este año son muchas las
protestas por su liberación que se han llevado en Uruguay frente a
la Suprema Corte de Justicia y es una de las principales razones por
la que el debate por la legalización del cultivo se ha acelerado
dentro del Parlamento. El Movimiento por la liberación del cannabis
convocó distintas movilizaciones con el lema: “No más presos por
plantar”, consiguiendo con su presión la liberación, 94 días
después de su arresto, de la “Señora Cannabis”. Alicia Castilla
declaró a los medios días después de su liberación: "Emoción,
sentí emoción. Y ahora que estoy libre pienso que, tal vez, mi
encarcelación fue un mal que por bien no venga. Yo estaba en el
lugar equivocado y en el momento equivocado, pero no estaba
cometiendo un delito. Sin embargo mi caso posibilitó que la sociedad
uruguaya se siente a discutir un tema injusto. Creo que es una
injusticia que una persona vaya presa por plantar lo que consume".
En los 90 días recluida,
la autora de los libros Cultura Cannabis y Cultivo Cannabis ha pasado
por dos centros penitenciarios donde pudo sacar sus propias
conclusiones: "Lo viví. Estuve con gente que consume, vende y
negocia con la pasta base. Y vale la pena explicar que metiéndolos
en la cárcel no se resuelve nada. Salen mucho peor porque adentro
aprendieron más". Aunque su salida es en régimen de libertad
condicional y queda en espera de la sentencia, los abogados
defensores afirman que ésta se demorará hasta después del debate
político. La escritora empezó su tercer libro dentro de la cárcel,
un nueva publicación donde contará su experiencia personal y
plasmará el fracaso de la guerra contra las drogas que se lleva a
cabo en gran parte del continente.
El compromiso político
y la cultura democrática
Desde
la llegada al gobierno del actual ejecutivo nombrado por el
izquierdista Frente Amplio y encabezado por el ex guerrillero
tupamaro José “Pepe” Mújica, se está llevando a cabo una
intensa reforma institucional del Uruguay. Con objetivo de modernizar
la legislación y el país se están abordando temas complejos y
controvertidos como han sido la derogación de los 3 principales
artículos la Ley de Caducidad que permite la impunidad a los
crímenes cometidos por los cuerpos militares y policíacos durante
la dictadura, la legalización del derecho a aborto, el
reconocimiento jurídico de los matrimonios homosexuales y
transexuales y la legalización del auto cultivo de cannabis. El
profundo sentimiento democrático existente en el país y que permea
en sus instituciones legislativas han permitido un debate serio y
responsable desde todos los partidos representados en la cámara de
diputados. Desde su elección como presidente, José Mújica, ha
mostrado un compromiso claro de caminar junto con todos los
uruguayos, incluso con los partidos de la oposición, para volver a
convertir al Uruguay en un nuevo referente democrático para el
mundo. Un gesto que cambió la política de confrontación entre la
izquierda y la derecha existente desde la dictadura militar de la
década de los setentas. Un esfuerzo, ejemplo de compromiso político,
que lleve al Uruguay a abanderar un nueva etapa para las libertades
individuales y colectivas para el siglo XXI repitiendo un papel que
asumió en el siglo XX siendo de los primeros países del mundo en
legalizar el divorcio, el sufragio femenino y la creación de un
sistema educativo gratuito, obligatorio y laico.
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